Pedro Castillo ha sido denunciado por el procurador general del Estado, Daniel Soria ante la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, a raíz de las polémicas reuniones que sostuvo con la empresaria vinculada al Consorcio Puente Tarata II, Karelim López, a quien habría favorecido al darle la buena pro de la obra Puente Tarata en San Martín.
Es por ello, que en el documento presentado indica diversos motivos por los que se sospecha de que el jefe de Estado habría cometido los delitos que líneas arriba se menciona, y por los que está siendo investigados hoy en día por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima contra el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.
Como se recuerda, en las reuniones entre el presidente Castillo y Karelim López, se han realizado en la residencia de cinco pisos en el ya famoso pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña, señala en la denuncia el procurador. Asimismo, manifiesta que la Procuraduría General del Estado solicitó a Pacheco información sobre estos encuentros, sin embargo, aseguró que no tenía registro de ello.
Soria recalca en su solicitud a Zoraida Ávalos para que se realice una pesquisa contra el presidente de la República y no se suspenda, ya que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el cargo de Castillo no impide que este sea investigado durante su gestión.
Este viernes 17 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción comenzó el allanamiento de la vivienda de Karelim López y Bruno Pacheco. Esta diligencia se realizó en el marco de la investigación en contra de ambos por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra.
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El documento que autoriza el “allanamiento, registro domiciliario, registro personal, incautación y otros” de un total de 13 inmuebles precisa que se recogerá “documentos bienes, equipos electrónicos y objetos de interés para la investigación”, además de documentos relacionados con la licitación de Provías descentralizado y de la empresa Terminex, miembro del Consorcio Puente Tarata II.