Ya pasó más de un año después de las marchas donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, la posibilidad de debatir el caso es rechazada por congresistas fujimoristas, quienes aseguran que analizan carpetas “por orden de llegada”.
Sobre esta lista que se encuentra “a la espera”, una de las denuncias encarpetadas desde hace 49 días es la que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra Manuel Merino; el extitular del gabinete ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
Según La República, a Merino se le acusa por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones del año pasado.
Este tema, fue tratado en la última sesión del 19 de noviembre y la legisladora Rosio Torres, quien preside la subcomisión, dio cuenta de la solicitud que presentó su colega Ruth Luque, de Juntos por el Perú, con la que pidió se dé celeridad a la denuncia 132 del referido caso.
Por su lado, la fujimorista Martha Moyano calificó de “inapropiada” la iniciativa porque, comenta, se estaría “perjudicando” el trabajo interno del equipo al adelantar opinión. Asimismo, La República en un amplio informe que presentó, sostuvo que las denuncias deben tratarse bajo el criterio cronológico, es decir, por orden de llegada.
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Mientras tanto, Rosio Torres sostuvo que la prioridad del caso “va a depender” de lo que se decida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A pesar de los intentos, la representante de Alianza para el Progreso (APP) no contestó a nuestras consultas sobre el tema.
La República también detalla, que el legislador Héctor Valer, representante de la bancada Somos Perú e integrante de la subcomisión, confirmó que, hasta el momento, se analizan las denuncias por antigüedad.
Asimismo, el legislador Edgard Reymundo, de JP, ratificó que este acuerdo se anunció desde la instalación de la subcomisión, pero aún desconoce si se tomó alguna decisión sobre el pedido de su colega Luque.
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Mientras tanto, María Acuña, de APP, señaló que desde su punto de vista todas las denuncias deben ser tratadas con el mismo criterio. “Exigiremos que se respeten plazos y los tiempos se debatirán en su momento con la misma importancia que se den con todas las denuncias”, respondió.
La congresista Luque contestó a través de su cuenta de Twitter y enfatizó que el caso es “de urgencia”. “Justicia y reparación no pueden esperar, así de simple. Que la historia de blindaje no se repita. #NoalBlindajedelCongreso”, escribió.
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Por su parte, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, quien no es parte de este grupo de trabajo, consideró fundamental que la denuncia se priorice. En la misma línea, el congresista Jaime Quito, de Perú Libre, señaló que esta subcomisión debe atender de manera inmediata la denuncia constitucional contra Merino para hallar a los responsables.
El informe final, según La República, es nuevamente debatido en la SAC y posteriormente en la Permanente. Solo luego de que ambas instancias la aprueben, pasa al pleno del Congreso en donde se autoriza la acusación. Si el escenario es positivo, la Fiscalía de la Nación recién podrá continuar con la investigación.
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Torres informó que existen 200 denuncias acumuladas, de las cuales 124 fueron presentadas por ciudadanos, 46 por representantes del Legislativo, 27 por la Fiscalía, dos por ex fiscales supremos y uno por un procurador. Del total, 185 están en la subcomisión, seis en la Comisión Permanente y nueve en el Consejo Directivo a la espera de ser agendadas en el pleno.