Ejecutivo presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley que regula cuestión de confianza
El Tribunal Constitucional recibió la acción anunciada por el Poder Ejecutivo que busca anular la norma aprobada por el Congreso en torno a la cuestión de confianza.
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El Gobierno de Pedro Castillo presentó formalmente ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Congreso respecto al uso de la cuestión de confianza por parte del Gabinete Ministerial.
De esta forma, se cumple con lo que había manifestado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien ya había adelantado este tipo de acción por parte del Ejecutivo para contrarrestar la intención del Legislativo.
Es por ello que el titular de dicha cartera, a través del procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, presentó esta misiva contra el Parlamento en la mañana de este viernes 22 de octubre.
La demanda de inconstitucionalidad es contra la Ley 31355, la cual ha sido denominada "Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú”.
Con este recurso, el Ejecutivo solicita al Tribunal Constitucional que declare "inconstitucionalidad total" de dicha norma por razones de forma y fondo.
Uno de sus principales motivos es que el Congreso, a través de la Ley 31355, pretende quebrar el principio de separación y equilibrio de poderes, concepto que se encuentra en la Constitución de 1993.
"La ley N° 31355 contraviene la interpretación constitucional sobre los alcances de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional", se puede leer en la demanda.
Asimismo, el Ejecutivo vio importante recordarle al Tribunal Constitucional respecto al fallo emitido el pasado 28 de setiembre de 2018 sobre la cuestión de confianza.
“Ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”, mencionan.
Finalmente, destacan que la interpretación que ha hecho el Congreso de la República contraviene a lo que se indica en la Carta Magna. Intentan realizar cambios en artículos constitucionales sin haber llevado el procedimiento adecuado de reforma.
