A pesar de ser un Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), la Base Naval del Callao le concedió permiso al prisionero Vladimiro Montesinos para realizar llamadas telefónicas de dos horas todos los días de la semana.
Estas solicitudes del exasesor presidencial de Alberto Fujimori comenzaron en le 2019, no obstante, fueron rechazados. Esto cambió desde el 2020, año en que el exmilitar presentó siete cartas para que se le autoricen las comunicaciones y, durante este año, en que envió tres peticiones más, mismas que fueron aceptadas por el jefe del CEREC, Víctor Murguía Silva, de acuerdo a la unidad de investigación de Latina.
Las solicitudes de este año se otorgaron en el marco de la segunda vuelta electoral. Durante ese periodo, Montesinos Torres conversó con el militar en retiro Pedro Rejas, a quien le daba mensajes para aconsejar a Keiko Fujimori, “La chica”. Después, se supo que el exjefe de facto del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) pretendía cambiar los resultados de las elecciones.
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En un principio, según a la información que obtuvo Latina, tenía una lista determinada de personas con las que podía conversar. Sin embargo, en enero de 2021 demandó tener “periodos de comunicación diaria de 4.00 p. m. a 6.00 p. m.”.
Por otro lado, el mencionado medio reveló que en mayo de este año volvió a enviar una carta a Murguía Silva para que se renueve el consentimiento de las llamadas diarias. Esto probó que el reo tenía la libertad de comunicarse telefónicamente con el permiso del jefe de la Base Naval.
Cuando en el mes de junio se publicaron los vladiaudios se conoció que coordinó con Pedro Rejas Tataje para cambiar los resultados electorales, Montesinos Torres pidió que se le regrese el régimen de llamadas “exclusivamente con abogados defensores” en tanto dure la investigación en su contra por este caso.
Cabe destacar que Vladimiro Montesinos, por el régimen penitenciario que posee, solo debía haber permitido hacer llamadas una vez por semana.
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“Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno del bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, publicó en su Twitter.
Esto, luego de que el último martes 24 de agosto se publicara un decreto supremo refrendado por el mandatario y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que señalaba la ordenanza del cambio de reclusión a reos de alta peligrosidad de la Base Naval a otro centro administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).