TC rechazó demanda de Vladimir Cerrón que pretendía anular su condena
Fundador de Perú Libre presentó un recurso de aclaración contra la sentencia emitida que rechazó su pedido para anular las sentencias emitidas.
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Recibió una respuesta negativa. El TC confirmó el rechazo a la solicitud de Vladimir Cerrón para anular las sentencias judiciales dictada en su contra -en primera y segunda instancia- por el delito de negociación incompatible y que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de reposición (aclaración) presentado por la defensa legal del fundador de Perú Libre, con el que pretendía anular las sentencias dictadas en su contra por el delito de negociación incompatible.
Según la resolución, la decisión del TC se dio con los votos de Marianella Ledesma, presidenta de dicho organismo; José Sardón y Eloy Espinosa Saldaña (vocal ponente).
El TC fundamentó su decisión, al señalar que el proceso penal contra Vladimir Cerrón aún sigue en trámite, en razón a un recurso de casación presentado por el Ministerio Público que tiene pendiente de analizarse.
También indican que esto se decidirá en audiencia pública, la Corte Suprema a fin de que la pena suspendida de cuatro años para el exgobernador regional de Junín sea efectiva.
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Según el documento, el requisito de la firmeza a que hacía referencia el artículo 4 del anterior Código Procesal Constitucional no estaba establecido solo en beneficio de una sola de las partes, sino de todas las que formaban parte de la relación procesal; por ello, no puede sostenerse que el proceso penal subyacente ya estaba concluido para el recurrente y no así para el Ministerio Público.
Antecedentes
El Tribunal Constitucional había declarado improcedente una demanda de agravio constitucional presentada por Cerrón, en junio pasado, para anular las sentencias emitidas en primera y segunda instancia por el Poder Judicial.
Dichas sentencias emitidas el 5 de agosto del 2019 y del 18 de octubre del mismo condenaron al exgobernador regional de Junín por el delito de negociación incompatible con una pena de cuatro años de prisión suspendida con un periodo de prueba de tres años.
