Keiko Fujimori: Incautan propiedades en Chilca vinculadas a Mark Vito
Orden judicial fue emitida por pedido del fiscal José Domingo Pérez.
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El juez Víctor Zuñiga, llevó a cabo una orden de incautación, allanamiento y descerraje de dos terrenos industriales vinculados a Mark Vito, esposo de la lideresa de Fuerza Popular. Estos lotes 8 y 9, manzana N, estarían ubicados en las Lomas de la Chutana, según se lee en oficio.
“La diligencia de allanamiento con descerraje, tendrá una duración máxima de 48 horas y la presente autorización judicial tendrá una vigencia máxima de dos semanas que al caducar será informada al juzgado una vez finalizada la diligencia”, menciona el documento firmado por Zúñiga.
El oficio también dispone que los predios allanados sean administrados por Pronabi.
Según fuentes fiscales, el requerimiento de incautación de la propiedades fue presentado antes del 11 de marzo de este año, antes de que terminara la investigación preparatoria, y el pasado 7 de julio el juez notificó su resolución al fiscal José Domingo Pérez.
Pérez acusa a Keiko Fujimori de haber recibido aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Según su hipótesis, la candidata no declaró ante la ONPE el dinero que recibió de empresas como la brasileña Odebrecht.
El fiscal concluyó, además, que parte de los recursos que ingresaron para financiar las actividades proselitistas sirvieron para que el matrimonio incremente su patrimonio.
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¿ Qué fiscales provinciales y adjuntos se encuentran a cargo de esta gestión?
- José Domingo Pérez Gómez.
- Walter Edgardo Villanueva Luicho.
- Elvira del Carmen Caro.
- Irvin Sinche Soto.
- Jorge Armando Vargas.
- Meryl Felicita Huamán.
- Luis Elizabeth Flores.
- Karola Viviana Vásquez.
- Enma MIlagros Acosta.
- Virgith Serna Chávez.
- Paulina Roció Roque.
- Magaly Minelly Ponce.
En paralelo a esta actividad, el fiscal José Domingo Pérez está ejecutando la medida para que el esposo de Keiko Fujimori, sea acusado de cometer delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. “El fiscal ha pedido una pena de 22 años”, señaló IDL-R.
