Con información de La República
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desentimó los 943 recursos de nulidad presentado por el equipo de asesores de la candidata presidencial, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ante los jurados electorales especiales (JEE), a fin de anular mesas de sufragio en el marco de una supuesta suplantación de miembros de mesa y firmas “falsificadas”.
En Huancavelica se presentó 61 recursos de nulidad, los mismos que fueron declarados improcedentes debido a que se presentó el 9 de junio, fecha en que venció el plazo legal. Lo mismo sucedió en Ayacucho donde hubo 172 recursos de nulidad después de la fecha establecida por el ente electoral.
En esa misma línea, en Cajamarca presentó 87 recursos de nulidad, sin embargo, tampoco fueron aceptados por el Jurado Electoral Especial (JEE) de la región.
Los otros pedidos lo complementa las regiones de Arequipa, Moquegua, Pasco, Puno, Ancash, San Martín donde tampoco le han dado la razón al equipo que lidera Keiko Fujimori.
En el detalle que saltó a la luz durante la revisión de los recursos de nulidad responde a que en las mesas de votación donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denuncia falsificación de firmas tuvieron la presencia de personeros de su mismo partido político.
Por ejemplo, en Huancavelica se detectó que 18 mesas de las 33 que pretendían anular había presencia de Fuerza Popular. En Ayacucho 14 y Cajamarca 12. En todos los casos mencionados, la personera fujimorista Milagros Takayama denuncia una supuesta suplantación de miembros de mesa y firmas “falsificadas”.
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El partido de Fuerza Popular puede apelar a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre los recursos de nulidad que fueron rechazados en primera instancia. Hasta el cierre de la nota no había ningún pronunciamiento de la agrupación política.
Se destaca que, este viernes 18 de mayo, en medio de la revisión de apelación de actas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el abogado Javier Villa Stein presentó una demanda de acción de amparo al Poder Judicial con la finalidad de declarar la nulidad de las elecciones de segunda vuelta del último domingo 6 de junio.
