Luego que el fiscal José Domingo Pérez realizara la acusación formal contra Keiko Fujimori y otras personas involucradas en el caso Cócteles, Rosa María Palacios señaló que la etapa de investigación preparatoria, que comenzó en noviembre del 2018, puede durar hasta tres años, es decir, que la fecha límite era hasta noviembre del 2020.
“Está muy bien que los fiscales acusen y una de las cosas que hay que criticar a la Fiscalía Lava Jato no es que acusen, pero justo la acusan en medio de una campaña política”, criticó.
RMP señaló que el Ministerio Público ha solicitado que la hija de Alberto Fujimori no puede declarar sobre su caso y que Fuerza Popular sea desactivada como una organización política.
Agregó que los 30 años de cárcel pedidos por el fiscal Domingo Pérez son por los presuntos delitos de lavado de activos y obstrucción de la justicia. No obstante, la letrada advirtió que en el 2006 recibir donaciones de campaña no constituía un delito, aunque sí es ilegal, ya que va en contra de la ley de partidos políticos.
Para la abogada, un caso sólido contra la lideresa de Fuerza Popular es en obstrucción de la justicia porque existen las pruebas necesarias para comprobarlo, como la compra de testigos en Tarapoto, la intervención sobre la Corte Suprema mediante César Hinostroza y la quema de documentos en casa de Ana Vega.
“El problema es que la pena es muy baja y no amerita todo este esfuerzo y escándalo de tantos años señalando que había lavado de activos cuando a todas luces no lo hay”, manifestó.
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Por último, alegó que esta denuncia podría perjudicar a Fujimori Higuchi en las elecciones del 2021, aunque cabe la posibilidad de que la excongresista se victimice para captar el voto popular.
“(Domingo Pérez) La podía haber denunciado en abril, pero lo hizo a cuatro semanas de las elecciones, lo cual politiza el proceso, le hace daño a la investigación y a los fiscales Lava Jato. Los fiscales no ponen ni sacan presidentes, pero se han dedicado a eso”, comentó.
Con información de: La República.