¡JUNTOS DE NUEVO! Antonio de la Rúa, expareja de Shakira reaparece en su vida para apoyarla en difícil momento
El argentino Antonio de la Rúa se reencontrará con la cantante colombiana a más de un año de su ruptura.
Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Shakira no escapa de la polémica y tendrá que enfrentar este lunes 20 de noviembre al tribunal por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. La cantante colombiana podría arriesgarse a enfrentar una condena de ocho años y dos meses de prisión. Sin embargo, esta contará con el apoyo de alguien que fue muy especial para ella y se trata de su expareja Antonio de la Rúa.
Como se recuerda, la expareja de Gerard Piqué tuvo una relación de 11 años con Antonio de la Rúa y terminaron en el 2011. Ahora, estos se verán de nuevo por una razón de peso que demostrará que estos siguen llevándose bien. Te contamos todo en los próximos párrafos.
¿Por qué Antonio de la Rúa apoyará a Shakira?
El abogado argentino Antonio de la Rúa fue escogido como uno de los testigos escogidos por Shakira para las audiencias que se realizarán en Barcelona, España desde este próximo lunes 20 de noviembre al 14 de diciembre, según información de El Confidencial.
La intérprete de 'Acróstico' optó por contactar a algunos de sus conocidos para que le sirvieran de testigo y puedan ayudarla a comprobar su defensa, por esto, no solo escogió a su exnovio, con quien terminó en el 2011, sino que también llamó a algunos trabajadores de locales que la atendieron cuando vivía en Barcelona, su chofer, dos ginecólogos y hasta su estilista. En la lista ella también incluyó al CEO de Sony Music en Latinoamérica.
¿De qué se le acusa a Shakira?
La barranquillera está siendo acusada de seis delitos en contra de Hacienda entre los años 2012 y 2014 por presuntamente evadir impuestos, entre ellos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 12.371.197 euros y el Impuesto sobre el Patrimonio por 2.191.771 euros, lo que hace un total de 14.562.968 euros.
La artista podría enfrentar una pena de prisión de hasta ocho años y dos meses y la Fiscalía está exigiendo el pago de una multa que asciende los 23 millones de euros.
