Moción de censura a Iber Maraví: La estrategia del Congreso para hacerlo sin tomar riesgos

Si bien la moción de censura contra el titular de Trabajo, Iber Maraví, está por buen camino, porque tienen las firmas suficientes para presentarla, el reglamento congresal pide como mínimo 33, ayer el Consejo Directivo del Congreso no tocó el tema. Pese a que el documento está listo desde la semana pasada, ¿Cuál es lo que detiene a las bancadas?

De acuerdo a las fuentes del Parlamento que fueron consultadas por La República, la estrategia es aguardar hasta el 7 de octubre, día que vence el plazo para que el presidente Pedro Castillo promulgue la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza.

La normativa fue aprobada por los legisladores el pasado 17 de septiembre. Este dictamen dejaría al Ejecutivo en una clara desventaja frente al Legislativo. El texto de este proyecto busca prohibir que el presidente del Gabinete busque interponer la cuestión de confianza por iniciativas de reforma constitucional y por temas que son exclusivos del Congreso de la República.

En ese sentido, el premier Guido Bellido no podría pedir la confianza para salvar a Maraví. Según las mismas fuentes consultadas, sobre esa ley, las agrupaciones políticas de oposición argumentarán que la censura es una competencia solo del Parlamento en la que no se puede meter el Gobierno.

El futuro de ese proyecto está en manos del Ejecutivo, y dependerá de si presenta o no observaciones a la norma.

Para Omar Cairo, constitucionalista, manifestó que el pleno del Congreso evaluaría si agrega o no las sugerencias del Gobierno sobre esta ley. Aunque, la tendencia en las bancadas de oposición es apostar por la insistencia de promulgar en mismo texto.

“Ahí lo que puede hacer Bellido es, antes de que la aprueben, hacer cuestión de confianza por las observaciones; y si aprueban la ley, cae todo el gabinete, pero al día siguiente el presidente puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC)”, sugiere Cairo.

Por ello, si la primera denegatoria de la confianza se da y la oposición tendría que analizar de manera prudente si vuelve o no a rechazar, pues un segundo gabinete caído abre las puertas al presidente Pedro Castillo para que los disuelva. Y peor aún si el TC no les da la razón.

Otra salida, agregó Cairo, en caso el Congreso insista con aprobar esta ley, es que el Gobierno inicie un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, con el argumento de que los parlamentarios no están respetando sus facultades.

Pero recordemos que, en el Legislativo, en paralelo, ha iniciado un concurso express para elegir a los nuevos magistrados del TC, que estarán a cargo de resolver cualquier conflicto constitucional o competencial entre ambos poderes en lo que resta del quinquenio.

La comisión especial a cargo de elegir a los jueces constitucionales había planteado, en principio, un cronograma donde el concurso concluía el próximo año. Sin embargo, ahora pretenden acortar el proceso para el 15 de diciembre.