¡Insólito! PJ programa audiencia a presuntos violadores para el año 2037 por 'excesiva carga procesal' en Tarapoto
El caso de acoso y abuso sexual ocurrió en el año 2022 contra menores de 13 años, cuando regresaban del colegio a sus casas.
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En la región San Martín se ha desatado la indignación tras conocerse que los jueces Marco Antonio Tipiani Valera, Carlos Vásquez Torres y Amstrom Delgado Huamán del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto han fijado un juicio para el año 2037. Este juicio involucra a dos individuos acusados de realizar tocamientos indebidos a dos menores de edad en 2022.
Argumento insólito del Poder Judicial
El Poder Judicial justificó la postergación con el argumento de que "existe una carga procesal en Tarapoto". Así, el juicio oral ha sido programado para el 1 de septiembre del 2037 a las 3:30 de la tarde.
El incidente con los menores de 13 años ocurrió mientras regresaban del colegio a su casa en un caserío de San Martín, donde fueron abordados por dos agresores que destruyeron su inocencia.
Los presuntos violadores, Lincer Murrieta y Llyser Satalaya, permanecen en libertad, lo que ha generado un clamor por justicia.
Críticas al Poder Judicial
El abogado de una de las víctimas, Iván Ruiz Coca, calificó la decisión del Poder Judicial como imprudente, declarando: "Ellos dicen que como tienen que revisar procesos de Tarapoto, Lamas, El Dorado, Yurimaguas o Rioja, existe una gran carga procesal por revisar".
La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, también expresó su descontento, llamando "inaceptable" la decisión judicial y agregando: "El actuar de los jueces demuestra que tienen un alma dura. Se trata de uno de los delitos más escabrosos como lo es el atentar contra menores de edad".
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El Poder Judicial en el ojo de la tormenta
Este no es el primer caso controversial del Poder Judicial. En marzo pasado, liberaron a Francisco Mogollón Piña, acusado del secuestro y asesinato del empresario Machiavelli Laura, a pesar de los indicios presentados por la Fiscalía. Una jueza negó la prisión preventiva de nueve meses, aunque Mogollón sigue bajo investigación por tenencia ilegal de armas y municiones.
Asimismo, hace un año, el Poder Judicial liberó a Eugenio Huerta Capillo, acusado de violar a un menor en Huaral. A pesar de tener un mandato de detención, Huerta se mantuvo prófugo durante un mes antes de ser liberado nuevamente.
Estos casos han dejado una sombra de duda sobre la eficacia y sensibilidad del sistema judicial peruano en la protección de los más vulnerables.
