Congreso de España aprueba la ley de eutanasia y la reconoce como un derecho

Con 198 votos a favor y 138 en contra, de la derecha y ultraderecha, el Congreso de los Diputados tomó esta histórica decisión que ahora deberá ser avalada por el Senado español.

El Congreso español aprobó este jueves por una amplia mayoría el proyecto de ley de la eutanasia, que despenaliza y regula por primera vez en España como un derecho la ayuda médica para morir, con el apoyo de la izquierda y los liberales y la oposición frontal de la derecha.

La norma, que será ratificada previsiblemente más adelante por el Senado, convertirá a España en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

Para ello, el Congreso respaldó hoy una propuesta legislativa del gobernante Partido Socialista por mayoría absoluta de la Cámara, en concreto 198 de los 350 diputados, con 138 votos en contra y dos abstenciones.

La eutanasia se incluirá como prestación gratuita del Sistema Nacional de Salud español. El paciente deberá confirmar la voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del procedimiento y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia.

Una decisión polémica

La despenalización de la eutanasia es un asunto polémico en España desde hace años, tanto política como socialmente.

En un debate duro, los parlamentarios discutieron hoy sobre la vida, la muerte y si cada persona tiene derecho a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría.

"Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", subrayó el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. Esta ley impone "sentido común y humanidad", agregó.

Por su parte, los opositores Partido Popular (PP, conservador) y Vox (extrema derecha) reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.

Sin embargo, otras fuerzas de la cámara subrayaron que esos cuidados no bastan, aseguraron que el 80 % de la sociedad está a favor en las encuestas de regular la eutanasia y se decantaron por una ley garantista para que la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio deje de ser ilegal, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.

La exministra de Sanidad y diputada socialista María Luisa Carcedo quiso dejar claro que el Estado "ni impone ni obliga", pues queda como una decisión autónoma del paciente.

Defendió que el proyecto legislativo avanza en derechos civiles; piensa en la "condición humana", que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte; y habla de "humanidad, empatía y compasión".

"Hoy nadie pierde ningún derecho, todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad", opinó la líder de Ciudadanos (librales), Inés Arrimadas.

Pero según el PP, el principal partido de la oposición, esta ley es "una derrota para todos, un fracaso del sistema sanitario y de la sociedad", cuando la respuesta ante el sufrimiento de los vulnerables debería ser "no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse y dar cuidado, compañía, consuelo, amor y esperanza", dijo el parlamentaria conservador José Ignacio Echániz.

Reprochó que se despenalice la eutanasia en el año de la pandemia, en el que la sociedad ha contraído una deuda con las personas mayores y los sanitarios, y defendió un sistema de cuidados paliativos personalizados y avanzados como alternativa a una ley "injusta, inoportuna, chapucera e inconstitucional".

La diputada de Vox Lourdes Méndez denunció que la ley supone una "tragedia para España" porque es "despiadada, injusta e ilegítima", "eugenésica y criminal", quebranta el derecho a la vida y "obliga al Estado a matar".

La iglesia se manifiesta en contra

La Iglesia católica y grupos conservadores provida se han manifestado repetidamente contra esta ley.

"La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida", indicó la Conferencia Episcopal española en un comunicado días atrás.

Lamentó que se instaure "una ruptura moral" en los fines del Estado, que pasa "de defender al vida a ser responsable de la muerte infringida". 

Con información de: EFE.

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