Camino a una nueva era en el derecho de familia en el Perú

María Ysabel Cedano

Abogada y directora de Demus

En el Perú, el derecho de familia debe empezar a reescribirse pues existe una amplia diversidad de familias que la sociedad, Estado y el derecho patriarcal, colonial y burgués se resiste a reconocer, proteger y cuidar.

Eso trae como consecuencia que nuestro ordenamiento jurídico se haya resistido a proteger por igual a las familias monoparentales (por ejemplo, por mujeres sin esposos ni convivientes) o a familias homoparentales (aquellas fundadas por personas del mismo sexo).

La vocación del derecho constitucional peruano y del sistema internacional de derechos humanos, no ha querido atar el reconocimiento y la protección de la familia solo al matrimonio civil (exclusivo por ahora para parejas heterosexuales). Por lo tanto, no es verdad que en el Perú existan trabas jurídicas para que las familias conformadas por una sola mujer o por dos mujeres, no puedan exigir de parte del Estado derechos por igual a aquellas conformadas por una mujer y un hombre.

Es la oposición de los sectores conservadores y fundamentalistas —inclusive contra lo dispuesto por la Constitución vigente— la que termina discriminando y desamparando a las parejas del mismo sexo y su prole. Poco o nada les importa la jurisprudencia y la opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2017 determinó que los Estados deben adoptar medidas para su reconocimiento y protección. La de estos sectores, es una oposición autoritaria y violadora de derechos humanos. Para ellos, el principio del Interés Superior del Niño no importa. En realidad, no les interesa la niñez ni la protección de los menores.

Entonces, suceden cosas como que cuando dos mujeres peruanas que se casan en el extranjero, tienen hijos y regresan al Perú; Reniec las discrimina pues se resiste a reconocerlas como dos madres de su prole. Lo que también pasa si fundan una familia y procrean en el Perú con técnicas de reproducción asistida.

Esto ocasiona que ellas y sus hijas e hijos no tengan los mismos derechos que otros menores: derecho a alimentos (que no es solo comer sino también educación), salud, seguridad social, recreación y, en la minoría de casos, herencia.

Existe legislación comparada y jurisprudencia internacional que bien deberíamos tomar en cuenta si en realidad no quisiéramos que con nuestros hijos no se metan.