Día de los Derechos Humanos: ¿Por qué no están siendo respetados los derechos de las personas con VIH?
El gobierno ha anunciado una disminución del 46% en el Programa Presupuestal Tuberculosis y VIH, según indica la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP Perú).
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En el marco del Día de los Derechos Humanos -que se conmemora cada 10 de diciembre, para recordar los derechos de todas y todos los ciudadanos, sin distinción étnica, de credo, género, idioma, posición económica u otras condiciones- las personas con VIH y poblaciones clave piden un mayor compromiso financiero y político por parte del gobierno para dar respuesta a la epidemia de VIH y sida en el Perú.
En este sentido, con apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, se realizará el Foro Público “Dónde están los recursos y la respuesta multisectorial al VIH”, que busca hacer un llamado a gobiernos regionales, locales y municipios.
“Desde el 2011, el Tribunal Constitucional señaló que las personas con VIH y sida requieren una protección especial, debido a su estado de vulnerabilidad, con el fin de que puedan ejercer sus derechos a plenitud; es decir, con el respeto de su dignidad, así como la atención y protección adecuadas. Actualmente, se están optimizando los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, aún no se incluyen otros determinantes sociales para asegurar su calidad de vida, como empleo, seguridad alimentaria, vivienda, saneamiento básico y agua”, asegura María Luz Quispe, activista de ALEP.
Además, la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP Perú), esfuerzo innovador que une a 9 redes regionales (5 de estas corresponden a personas que viven con VIH; y 4, a poblaciones vulnerables) enfatizó en la disminución del 46% que ha proyectado el gobierno en el Programa Presupuestal Tuberculosis y VIH para el 2022.
“Esto afectará a la prevención y atención del VIH de manera significativa. Por eso, en el marco de la Ley de Descentralización, se debe promover un mayor compromiso financiero y político por parte de las autoridades regionales, provinciales y distritales. Lo anterior implica la inversión de recursos, de manera sostenida, en el financiamiento de acciones de prevención frente al VIH, así como el soporte a las organizaciones comunitarias y la inclusión social de personas con esta condición de salud y poblaciones clave”, indica Miluska Luzquiños, directora de Trans - Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans y ganadora del premio mundial franco-alemán por la lucha por la identidad de género en el Perú.
Derecho a mayores recursos y servicios integrales
Las personas con VIH y poblaciones clave tienen derecho a contar con mayores recursos y con servicios integrales y diferenciados. Esto incluye el apoyo financiero a las organizaciones comunitarias que desempeñan un papel fundamental en el diseño, ejecución, seguimiento y gobernanza de los programas de VIH. Dichas entidades, muchas veces, no son valoradas ni normativa ni presupuestalmente.
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“Por ejemplo, los educadores de pares -principal vínculo entre las y los usuarios y el sistema de salud- no son reconocidos como parte de la atención. En varios establecimientos a nivel nacional, no existen educadores pares. Por otro lado, siendo esta población vulnerable al VIH por condiciones estructurales, no se les reconoce financieramente su trabajo”, indica Bryan Cabrera, vocero de ALEP e integrante de J+LAC.
Por ello, con el fin de seguir promoviendo el compromiso político y financiero de los gobiernos regionales y locales para dar respuesta al VIH de manera sostenida, ALEP organiza el foro público “Dónde están los recursos y la respuesta multisectorial al VIH” este 10 de diciembre, a las 10 a.m., en Pucallpa y Trujillo. Asimismo, en Iquitos, se realizará el 13 de este mes, a las 10 a.m. Todos los interesados en asistir podrán hacerlo mediante las redes sociales de ALEP PERÚ.
“Si queremos alcanzar la gran meta de poner fin al sida para el 2030, necesitamos que las poblaciones vulnerables sean socialmente reconocidas dentro de los planes de desarrollo concertado y en las políticas públicas locales. De esta forma, las personas con VIH podrán asegurar una vida digna, trato igualitario con beneficios sociales y acceso a todos lo que el estado brinda a las ciudadanas y ciudadanos a través de sus diferentes programas en el marco de los derechos humanos”, finalizó.